EEGSA resalta precedente legal contra el robo de infraestructura eléctrica que afecta a los guatemaltecos

La justicia guatemalteca dictó por primera vez a través de un debate oral y público la primera sentencia condenatoria contra responsables del robo de transformadores, aplicando el Decreto 8-2023 que reformó el Código Penal. Esta resolución marca un hito en la protección de los servicios públicos al imponer penas de prisión efectivas a Elmer Aldair Lemus García y Kevin Alfonso Pacheco Ochoa, responsables de atentar contra la red de distribución de Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA).

El tribunal competente dictaminó una condena de tres años de prisión por el delito de atentado contra la seguridad de los servicios y ocho meses por hurto en grado de tentativa. Ambas penas poseen un carácter inconmutable, lo que significa que los sentenciados deberán cumplir su tiempo en prisión sin posibilidad de canjearlo por sanciones económicas como pasaba anteriormente. Además, se estableció un pago en concepto de reparación digna a favor de la distribuidora.

Este caso trasciende lo legal, pues evidencia la gravedad de un flagelo que impacta directamente la calidad de vida de los guatemaltecos. El robo de equipo eléctrico no es un delito menor; sus consecuencias provocan apagones prolongados en sectores enteros, dejando en la obscuridad a hogares y paralizando la actividad en comercios e industrias. Más crítico aún es el impacto en el funcionamiento del país, donde la interrupción del suministro pone en riesgo la continuidad de servicios vitales y actividades productivas que dependen de una red eléctrica estable para asegurar la calidad de vida de miles de usuarios.

Asimismo, la manipulación ilegal de la red por parte de delincuentes genera un grave riesgo de accidentes eléctricos para los perpetradores, además de causar daños severos a la infraestructura que sostiene el desarrollo del país. El Decreto 8-2023 fue diseñado precisamente para combatir estas acciones, clasificándolas como conductas vinculadas a la criminalidad organizada debido a su capacidad de desestabilizar servicios de utilidad pública.

Con este precedente, EEGSA reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades para que ningún acto de sabotaje quede impune. La sentencia envía un mensaje contundente: proteger la infraestructura eléctrica es proteger el bienestar, la seguridad y la economía de todas las familias guatemaltecas.